NOTA DE PRENSA
La Plataforma “Solución a la Travesía de San Rafael”, a
través de su portavoz Juan Manuel Gea Fernández, ha presentado dos denuncias ante la Unión Europea el pasado 23 de
diciembre de 2022, concretamente ante la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo y ante el Defensor del Pueblo Europeo, denuncias que adjuntamos al
presente correo electrónico. VER DENUNCIA
Concretamente, hemos denunciado ante
la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ante el Defensor del Pueblo Europeo la vulneración del Derecho de la
Unión Europea por parte tanto de la Comisión Europea como del Gobierno de
España en relación a la situación administrativa de la actual concesión de
la AP-6, la cual consideramos que se
encuentra en una situación de ilegalidad tras no cumplir ni la Comisión Europea
ni el Gobierno de España con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) que condenó en 2010 la adjudicación de la actual concesión
de la AP-6 (Asunto C-423/07 del procedimiento de infracción 2000/5137).
Precisamente es esta situación la que provoca el grave y perenne problema de
seguridad vial en las dos travesías de San Rafael, las carreteras nacionales
N-6 y N-603 las cuales son las alternativas gratuitas de la AP-6 y de la AP-61
respectivamente.
En las dos denuncias se narran y
referencian detalladamente una sucesión de hechos que se remontan desde hace
más de veinte años hasta la actualidad y que han provocado que San Rafael sea
actualmente uno de los puntos negros de la red de carreteras del Estado, en la
que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea han mirado para otro
lado con el único objetivo de beneficiar a la actual concesionaria de la AP-6 y
no de velar por los intereses generales y por la seguridad de los vecinos de
San Rafael.
En 1999 el Ministerio de Fomento sacó
a concurso público la actual concesión de la AP-6 incluyendo unas
irregularidades que tenían el claro objetivo de que fuera la misma empresa
concesionaria (Iberpistas, Abertis) la que obtuviera la licitación de las obras
y con ello la nueva concesión de la AP-6, lo que provocó que la Unión Europea
abriera un procedimiento de infracción contra España que acabó finalmente en
2010 con la condena judicial de la concesión por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE). Sin embargo, la Comisión Europea y el Gobierno de España
implementaron unas medidas que no cumplieron con la sentencia judicial del
TJUE, sino que al contrario, la dejaron de facto con la misma duración que
establecía la concesión condenada por el TJUE y permitieron a la actual
concesionaria continuar con la explotación de la autopista además de tener que recibir
ésta una millonaria indemnización por dicha sentencia judicial.
Por todo ello reclamamos tanto al Parlamento Europeo como al Defensor del Pueblo
Europeo que investigue si la Comisión Europea y el Gobierno de España han
podido cometer una irregularidad al no respetar los términos de la
sentencia del TJUE, que este caso sea sometido
de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se dé un cumplimiento real y efectivo a la sentencia del TJUE y,
en consecuencia, se anule la actual concesión de la AP-6 y se liberalice
definitivamente la autopista de un peaje totalmente amortizado para que
todos los vehículos puedan utilizar esta autopista como alternativa natural a
la travesía de San Rafael. CONSULTAR DOCUMENTACIÓN
También hemos incluido en las dos
denuncias la dejación de funciones
del Gobierno de España durante casi veinte años en implementar una solución
definitiva al grave problema de seguridad vial que se vive en la travesía
de San Rafael y que han provocado multitud de accidentes, algunos con el
resultado de muerte.
El Gobierno de España lleva lustros
prometiendo la construcción de una variante de San Rafael como hizo hace ya 18
años para Guadarrama. Sin embargo, la
subdelegada del Gobierno en Segovia María del Lirio Martín reconoció
públicamente el 21 de noviembre de 2022 que la variante no se va a realizar
alegando la protección del Parque Nacional y
no dio ninguna solución alternativa al problema que vivimos en San Rafael.
Paralelamente, los Presupuestos Generales del Estado del 2023 sí incluyen una
ridícula partida de medio millón de euros destinada a la variante de San Rafael,
lo que contradice las propias palabras de la subdelegada. Todo ello es una clara
demostración más de cómo los sucesivos
Gobiernos de España llevan años mintiendo al prometer la construcción de una
variante que realmente nunca se va a realizar, en lo que constituye una clara
huida hacia delante para que parezca que el Gobierno hace algo cuando
realmente no hace absolutamente nada por la seguridad de los vecinos de San
Rafael pero sí por el negocio multimillonario de la AP-6. Pero lo más grave de todo es que, descartada ya públicamente
la construcción de una variante, el Gobierno no ofrece ninguna alternativa
real para solucionar definitivamente el grave problema de seguridad
vial de San Rafael.
Ante esta dejación de funciones del Gobierno de España que dura ya casi veinte años de velar por la seguridad de los vecinos de San Rafael, no hemos tenido más remedio que acudir a las instituciones de la Unión Europea denunciando esta vergonzosa situación y buscando una solución a este grave y perenne problema.
En San Rafael, a 09 de enero de 2023
Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael
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