COMUNICADO DE PRENSA REMITIDA
21 de febrero de 2018
LA PNL
SOBRE LA AP-6 APROBADA HOY EN LAS CORTES:
Centaurea y CC.OO. consideran que, lejos de ser un avance,
la PNL aprobada hoy en las Cortes de Castilla y León solo sirve para mantener
el statu quo, favorable a Iberpistas
Comisiones Obreras de
Ávila y la Asociación Centaurea califican de muy decepcionante la Proposición
no de Ley (PNL) aprobada hoy por mayoría (con la sola abstención de Izquierda
Unida-Equo) en las Cortes de Castilla y León porque sólo sirve para mantener la
situación actual de ilegalidad que pesa sobre la gestión de la AP-6.
La PNL es sumamente
incongruente pues, pese a reconocer en su punto Primero que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la concesión otorgada en 1999
a Castellana de Autopistas (Iberpistas) para la construcción, conservación y
explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su
conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51) e instar al Gobierno
español al cumplimiento estricto de esta sentencia, en su punto Segundo, asume
implícitamente que la empresa siga gestionando la AP-6 sine die pese a que la única concesión legalmente vigente que tenía
esta empresa sobre la AP-6 finalizó ya el pasado 29 de enero de 2018.
Ambas organizaciones
consideran que la PNL aprobada hace un gran favor a Iberpistas (a la que
curiosamente ni siquiera menciona en el texto de la moción) y un flaco favor a
la ciudadanía, la cual, gracias, a esa PNL, ve alejarse su derecho a dejar de pagar
un peaje por circular por una infraestructura que el pasado 29 de enero debía
haber pasado a manos del Estado para su gestión pública y que, además, ha sido
sobradamente amortizada por Iberpistas en los 50 años que duró la concesión de
1968.
Centaurea
y CC.OO. critican que, desde que se conociera en abril de 2010 la sentencia del
Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaraba ilegal la adjudicación de
1999 por vulnerar diferentes directivas europeas, ninguno
de los sucesivos gobiernos españoles (de PSOE y de PP) se ha preocupado de
cumplir dicha sentencia de forma real y efectiva.
Esta sentencia del TJUE obligaba al Estado, como mínimo, a
volver a repetir la adjudicación de ese paquete de autopistas cumpliendo la
normativa que en aquel momento vulneró flagrantemente.
Esta histórica
sentencia fue fruto de la denuncia que ambas organizaciones presentaron conjuntamente
en 2000 ante la Comisión Europea. Centaurea y CC.OO. recuerdan que la concesión
de 1999, declarada ilegal por el TJUE, fue un
auténtico montaje por parte de los gobiernos de José María Aznar que no
perseguía otra finalidad que la de prorrogar la explotación de la AP-6 y los
túneles de Guadarrama por parte de Iberpistas.
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